jueves, 13 de noviembre de 2014

Acto de repudio en vivienda de activista pacifico de la CAPPF

Dania Virgen García


En la mañana del 30 de octubre el hijo del vicepresidente de la Comisión de Atención a Presos Políticos y sus Familiares CAPPF, Dayron Yosvani Montesino Hernández de 16 años de edad,  fue víctima de un acto de repudio, coordinado por la policía política, y miembros de la brigada de respuesta rápida del municipio.

El hecho ocurrió en la vivienda de Lázaro Yosvani Montesino Hernández, padre del joven, sita en  calle 2da número 23525 entre avenida 2da y 3era Reparto el Diezmero las Delicias Municipio San Miguel del Padrón, cuando Lázaro no se encontraba en casa.


Al llegar Lázaro a su vivienda, lo estaban esperando otro grupo de represores de la policía política, fue detenido arbitrariamente y trasladado a la Unidad de la Policía de Aguilera, situada en la barriada del Lawton, en un calabozo permaneció hasta las 6 y 30 de la tarde.

El joven le relató a su padre, que los gritos de la muchedumbre los asustaron, los agresores lo empujaron, lo amenazaron y recibió manotazos en el hombro. La entrada de la vivienda fue destruida, las paredes invadidas de pintura verde, y en una pared le pintaron un letrero que dice: ¨Viva Fidel¨.


Alegó la fuente, que fue interrogado y amenazado por el represor que se hace llamar Diego, alias el bizco.


dania@cubadentro.com

Desde la prisión de Valle Grande

Dania Virgen García

El preso político René Ronco Machín, condenado a un año de privación de libertad, recluido en la prisión de Valle Grande, situado al oeste de la capital, comunicó por vía telefónica que el día 22 de octubre a las doce del mediodía fue golpeado por el reeducador del destacamento cuatro.

El uniformado de apellido Fiz, junto a tres guardias le propinaron una paliza a Ronco Machín por  negarse aceptar la sabana, la cuchilla de afeitar y acogerse a la falacia del régimen reeducativo, alegando que no aceptaba los beneficios porque se encontraba recluido por la policía política.

Debido a la golpiza propinada, tiene contusiones en el brazo derecho, luego fue trasladado para la barraca 14.

La comida en muy mal estado, les es suministrada a los presos. Prevalecen los tratos sanguinarios, vejaciones y la hostilidad del medio. 

Los presos con trastornos mentales se auto-lesionan debido al régimen que impera el reclusorio, decenas de ellos se laceran en las manos y la barriga hasta el punto de extraerse las tripas.

En el puesto medico la mayoría de los presos ingresados son auto-agresores, hace 15 días atrás falleció un recluso por este motivo. Aseguró la fuente.


El preso político Rolando Reyes Rabanal, que se encontraba confinado en una celda de castigo de la mencionada prisión, el 31 de octubre, a la 1 y 30 de la tarde fue trasladado para la prisión del Combinado del Este. ido por segunda vez a mayor.

dania@cubadentro.com

Corrupción y abuso de poder

Dania Virgen García

El preso contestatario Julio Ortiz Argudin dio a conocer la corrupción y el abuso de poder de militares, contra los presos de la prisión provincial de Canaleta de la provincia de Ciego de Ávila, y del régimen especial de la 26 más conocida por Kilo 8, en la provincia de Camagüey.

Al llegar Argudín a la prisión de Canaleta, los presos le revelaron que el reeducador Alexis Mejías Betancourt, se encuentra detenido bajo investigación por el Departamento Técnico de Instrucción DTI, de la provincia, implicado en un delito de cohecho con el preso Israel Laras Cala, al que le pidió una suma de 200 cup pesos moneda nacional y 35 cuc, moneda convertible, por la venta de una orden número 41(beneficio de media, con condición de mínima) luego de que el preso le diera el dinero, el uniformado lo envió para la prisión de Morón de la misma provincia.

Al llegar el preso Laras Cala, al reclusorio, se dio cuenta que había sido engañado por el uniformado Mejía, y pidió ser entrevistado por la jefatura de la prisión, para confesar  el suceso.

No se sabe si el militar será procesado. Pero no era la primera vez que este militar negociaba con los presos, la venta de traslados, licencia extrapenales y las visitas conyugales. Le afirmaron los presos a la fuente. 

En la fábrica de PROVARI, de bloques mosaicos y otros materiales para la construcción  de la prisión de régimen especial de Kilo 8, los presos son ofendidos y denigrado por el jefe civil, Jorge López,  quien es un teniente coronel retirado del MININT.

El cual, se niega a suministrarles los medios de protección física a los presos, los infortunados si tratan de reclamar, son chantajeados con revocarle la causa, por eso, la mayoría temen en reclamar. Son esclavizados trabajando horas y días sin descanso, por un mísero salario. 

Los bloques hechos a manos de a 10 centímetros, se los pagan a 20 centavos moneda nacional, el precio real es de 23.96 centavos, los postes de electricidad que se funden bajo el sol desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, son pagados a 7 pesos en moneda nacional, luego se venden entre 50 y 60 cuc moneda convertible, las losas se las pagan a 6 centavos moneda nacional cada una.

Las losas son de mala calidad, pero se la venden a la población como si fuera de buena calidad.

El cemento que utilizan para la construcción de las losas, está contaminado, y es reutilizado del suelo con el aceite y la grasa que cae de las maquinas, lo ciernen nuevamente, se une con otro poco de cemento P-350 y confeccionan nuevas lozas de mala calidad, debido a esto la mayoría se parten.

El almuerzo es un sancocho podrido con arroz duro, pastas de cerdo acida, media cocinada con sabor a vómito, sopa de pezuñas de res, y un plátano hervido duro con cascara, luego de trabajar como esclavos, no logran comerse la comida, y tienen que continuar trabajando, la merienda es un vaso de agua con chocolatín y gorgojos que nadan sobre el agua de tierra y, un pan duro pasado con una pasta acida untada.

Por este menú, los presos tienen que pagar a diario, un peso con 20 centavos moneda nacional.

El capitán García que está al frente de los reos en la fábrica, todos los días se lleva dos cubos de cemento en una mochila, autorizado por Jorge López a cambio de que el uniformado García mantenga a los condenados bajo el yugo de las amenazas y coacciones.

La mochila la lleva un preso diferente todos los días, para que se la trasladen de la fábrica hasta la entrada de la prisión, así no llama la atención, haciéndolos cómplices al robo.
El día 27 de septiembre Argudín le comentó al mayor Juan Miguel jefe de la prisión, que debía de tomar medidas con el capitán García que todos los días salía por la puerta de la prisión con una mochila llena de cemento, el mayor le contestó que eso no era problemas de él, en ese instante se encontraba presente el capitán Yamil jefe de control penal de la delegación del MININT de la provincia, el cual dio la misma respuesta que Miguel.

Días después, el uniformado jefe de la prisión, envió a Julio Ortiz a una celda de castigo y más tarde fue trasladado para la prisión de Canaleta.


El mayor Juan Miguel, fue sancionado a un año de privación de libertad y rebajado a capitán, por corrupción, cuando trabajaba en la delegación del MININT de control penal. Al concluir su sanción, a los tres meses de estar en el régimen de la 26, fue ascendido por segunda vez a mayor.

dania@cubadentro.com

Desde la prisión de Kilo 9

Dania Virgen García

La Disciplinaria, prisión conocida por Kilo 9, en la provincia de Camagüey, el preso Alexis Zabatela Ugarte, dio a conocer los tratos arbitrarios que ejecuta el primer teniente 2do jefe de la prisión Jordan Escalona González, contra los presos.

En la noche del día 19 de octubre, por negligencia del uniformados Jordan Escalona, el recluso José Antonio González de 30 años de edad, coincidió en el puesto médico con un enemigo, el preso Oscar Gómez Campos, quien lo agredió con las manos.

 El oficial, esposó a González con las manos en la espalda, lo empujó escalera abajo. Al rodar el preso por los escalones, se lesionó en el cuerpo. En el suelo, el sanguinario lo emprendió a puñetazos y patadas, por el rostro, cabeza y costillas, ocasionándole una lesión en la cabeza y otra al lado izquierdo de la costilla, así como en la muñeca izquierda

Casos como estos, son repetidos a diarios por los uniformados con impunidad total, que le brinda la Dirección de Cárceles y Prisiones, y la ineficaz actuación de la fiscalía militar, cuando un sancionado o sus familiares acusan a un oficial por golpearlos hasta dejarlos sin conocimiento, generalmente las medidas para estos uniformados de mayor y menor rango, son amonestaciones con traslado a otras prisiones, ocupando en su mayoría el mismo cargo, leves multas y si en el caso lleva una sanción, es de menor cuantía.

Por otra parte el recluso William Leiva Calzado  de 45 años de edad, del destacamento 5 se halla con temblores en el cuerpo, producto a una fiebre que está padeciendo desde hace más de tres días.

En la noche del día 25, Leiva requirió ser atendido por un médico, el uniformado Jordan se encontraba de oficial de guardia superior, se negó a llevar al enfermo al puesto médico, con el pretexto que según él, el preso estaba drogado.


Leiva Calzado alegó, que desde el mes de junio esta por tener una consulta con el urólogo debido al padecimiento del pene y los testículos, y aún no han logrado tenerla, continuando con los malestares y sin asistencia médica, afirmó Zabatela.

dania@cubadentro.com

Decenas de presos infestados por cólera en la prisión de Morón

Dania Virgen García

La epidemia de cólera está azotando fuertemente en la prisión provincial de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, refirió por vía telefónica el preso Gilberto Pérez Oliva.

Un total de siete presos ingresados, un fallecido, y 12 en una celda, en condiciones infrahumanas, con síntomas de diarreas y vómitos, que son trasladados al hospital provincial, en estado de muy grave de salud.

Aseguró la fuente, que el preso Erisvel Quesada González el pasado 26 de octubre fue llevado al Hospital de la provincia con los síntomas antes mencionados y devuelto el mismo día. A las 6 y 30 de la mañana del día 27, falleció por negligencia médica.

Rubiel Eros Anaya, Wilmar León Alfaro, Elmer Garrillo Poimier, Bernardo Zuma, Erlan Suarez Rodríguez, Raudel González, Yosvani Burgo, Sergio Erisdel Rodríguez, Lázaro Sánchez, Yeranis Lero, Jesús Esteban, Lázaro Díaz, Ángel Fonseca Ramírez, son los nombres de algunos presos enfermos, aislado.

El preso José Basilio Bae, el día 29 tuvo que ser remitido de urgencia al hospital.
Los ingresados, Erlis Pereira López, Francis Rojas León, Alexis Mejías Quesada, Armando Bello Carballeira.


Aseguro la fuente que el azote de la epidemia, se debe a las míseras condiciones de vidas a que son sometidos los reclusos a diarios en la prisión, la mala alimentación, la falta de higiene, y la deficiencia en la medicina.

dania@cubadentro.com

Corrupción de altos funcionarios del MININT

Dania Virgen García

En la sala de justicia del Tribunal Militar Territorial Occidental en la Habana, el pasado 17 de abril, fueron acusados tres militares, una jueza, una secretaria, y tres civil, involucrados en los delitos de cohecho, falsificación de documentos públicos, salida ilegal del país, insubordinación, cohecho de carácter continuado, y tráfico de persona, en la causa 28/2014.

Los mencionados militares, el teniente coronel Lisandro Fauto Lechuga Infanzo, pertenecía a la Dirección de Establecimientos Penitenciario, la mayor Raiza Hernández Martínez, pertenecía a la Unidad de Atención a Campamento de la Habana, el mayor Juan Carlos Caballero Odio, pertenecía al Establecimiento Penitenciario del Combinado del Este, en la Habana.

La Jueza, Yanelys Herrera Febles del Tribunal Provincial de la Habana.

Liendy Gutiérrez Chapman, secretaria del Tribunal Provincial de la Habana.

Los civiles, Lázaro Pereira López, Reinaldo Torres Hernández,  Osleibi Echemendia Hernández.

Los hechos que se relatan aquí, son extraídos de la sentencia original:

En el mes de septiembre de 2012, Yanelys  Herrera Febles, Jueza Profesional Titular de la Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, es contactada en su trabajo por Osleibi Echemendia Hernández, con el que había mantenido relaciones intermitentes de amistad ¿? que se distanció cuando fue de su conocimiento que había sido sancionado en ese tribunal, a seis años de privación de libertad en la causa número 454/2005, por los delitos de contrabando y falsificación de documentos de identificación, no obstante, al conocer la jueza las facilidades de viajes al exterior de su distinguido, reactivó la relación con encuentros aprovechados por Echemendia, quien necesitaba obtener una certificación de sentencia adulterada y así poder adquirir una vivienda sobre la que se había dispuesto el comiso. Comenzó a viabilizare al esposo de la jueza, la posibilidad de que podía viajar al exterior por contrato de trabajo, creando un nivel de comportamiento en la jueza que le favoreció a  Osleidi, al que le comentó a su amiga que necesitaba una certificación de sentencia adulterada, para unos trámites migratorios de una amistad, que había resultado condenado por dicho tribunal y disfrutaba de beneficio de Licencia Extrapenal, con la finalidad de que esa persona pudiera salir del país.

Le explicó, que la certificación necesitaba ser modificada a la menor cuantía de la pena impuesta, que se considerarse extinguida, a cambio ayudaría a su esposo a salir del país, y recibiría determinados regalos. La jueza decidió ayudarlo sin poner objeción, recibiendo todos los datos de la persona, Reinaldo Torres Hernández. Febles cumplió con su parte. Redactó un certificado de sentencia en el que plasmo los datos identificativos de la persona beneficiada: Reinaldo Torres Hernández sancionado a ocho años de privación de libertad, en la causa número 121/2011, por el delito de cohecho, a un año de privación de libertad la que había comenzado a extinguir el 9 de agosto de 2011 y dejó extinguida el 12 de junio de 2012.

Cuando en realidad dicha causa, constituía como sanción conjunta, la de ocho años de privación de libertad, por los delitos de cohecho de carácter continuado y estafa, la que comenzó a extinguir el 28 de diciembre de 2011 y dejará extinguida el 14 de septiembre de 2018, con la indemnización de los daños causados a la Empresa Cubana de Aviación  S.A con la suma de 17 936.98 cup moneda nacional.

Al documento, se le agregó el pie de firma de la secretaria Gladis Gay Querol Camacho, como si la misma lo hubiese confeccionado y el de la Presidenta de la sala segunda, Silvia María Jerez Marimón. Una vez, terminado, Herrera fue al encuentro de Llendy  Gutierres Chapman, quien laboraba como secretaria auxiliar de la sala segunda de lo penal, a la que le solicitó su cooperación para que le plasmara el cuño en el escrito a cambio de un pago, sin decir la cantidad, lo que fue aceptado por la secretaria, el documento le fue entregado a Echemendía Hernández, quien le envió con la jueza, la suma de 25.00 cuc, moneda convertible, para que le entregara a la secretaria por su contribución, de la que estuvo molesta por la poca cantidad.

Al pasar los primeros días del mes de enero de 2013, Echemendia le solicitó a la jueza, que valorara la posibilidad de modificar el Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN) con los datos plasmados en la falsa certificación.

La jueza, se personó en las oficinas del Buro de Coordinación de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, e indagó con la ex suboficial Yamilé Asencio Pedraza, acerca de las cualidades del nuevo sistema automatizado recientemente instalado y conoció que el sistema limitaba los privilegios e imposibilitaba variar los datos, cuestión que posteriormente comunicó a su amigo, mostrándole la ficha de Torres.

Echemendia y Torres, se personaron, el día primero de febrero, en la entonces Dirección de Identificación y Registros del Ministerio del Interior, donde el personal que los atendió les dijo a Torres  que se encontraba regulado a los efectos migratorios y se le prohibía la salida del territorio nacional, donde no quedaron satisfecho con lo planteado y presentaron la certificación de sentencia falsa, al ser evaluada por los especialistas, la teniente Iraida Espinosa Camejo y el mayor Roberto Lufriu Ferrer, apreciaron que el ciudadano en ese momento se encontraba de Licencia Extrapenal y debía expirar la pena impuesta en el año 2018, le orientaron que debía ventilar la situación con los compañeros del órgano jurisdiccional y de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.

En la primera decena del mes de febrero, Osleibi, en conversación con otro amigo Lázaro Pereira López, averiguó sobre sus relaciones de amistad con el mayor Juan Carlos Caballero Odio, Jefe de Registro Legal del Establecimiento Penitenciario de la Prisión del Combinado del Este, en la Habana, que ejercía la estadística mensual, trimestral, semestral, y anual, de todos los internos sancionados y en prisión provisional, realización de las conversiones; comprobación al contenido de la sentencia, conciliación de los datos de esta con el contenido del expediente; revisaba la confección de los modelos de libertad; comprobaba los términos y tramitación con el Tribunal los resultados de las licencias extrapenales.

El mayor y Pereira se conocieron en la prisión. Echemendía aprovechó el momento y le pidió su ayuda, comenzando a partir de ese instante un acercamiento con el oficial, que fueron varias visitas de ambos a su domicilio. Mientras que Echemendía, aguardaba en los bajos del edificio, en una de estas oportunidades y en ocasión de fiesta, el día trece de febrero 2013, Pereira, le regaló a su amigo una caja de cerveza y mariscos. Mientras los dos compartían Lázaro le propuso, la encomienda de su amigo, de la que él no tuvo objeción y recibió a la vez, los datos de Torres, y la entrega de la suma de 400.00 cuc, moneda convertible, enviados por su amigo Echemendia.

La mayor Raiza  Hernández Martínez, fungía como Primer Oficial de Cuadros de la Unidad de Atención a Campamentos en La Habana, quien conocía a Osleibi, y sabía que el mismo había extinguido sanción por los delitos de Contrabando y Falsificación de Documentos de Identificación.

Los mencionados, comenzaron a tener una relación de pareja extraoficiales. Compartían en diversos sitios de recreación de divisa, además de alojarse en un alquiler del costo de 80.00 cuc, moneda convertible mensuales, en ese marco de relación amorosa, Osleibi le entregó la certificación de sentencia falsa, a la vez le dijo, que tratara de introducirse  en el sistema penitenciario, y retirara la categoría de REGULADO a los efectos migratorios (SUIN), a fin de que Torres Hernández, pudiese abandonar el país, lo que le permitiría a Echemendia disponer definitivamente de la vivienda de la mencionada persona.

Una vez, con el encargo, la mayor se personó en el domicilio particular del Teniente  Coronel Lisandro Fauto, quien desempeñaba como Segundo Jefe del Departamento de Registro Legal de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, quien había sido compañero de estudios de la mayor, a quien le propuso el encargo. 

El militar le dijo que se encontraba rebajado de servicio, días después,  por vía telefónica la mayor concertó con Lechuga, para verse en el trabajo, y le reiteró su interés, explicándole que requería variar la cuantía de la pena obrante en la base de datos, porque un ´´supuesto tío´´ necesitaba viajar al exterior; amparado por la relación personal y profesional que los unía a ambos, el teniente coronel entablo comunicación telefónica con el mayor Caballero Odio, y tras la aceptación de este, le dicto por esta vía los correspondientes datos, en sustitución a los reales, quien los plasmo en la base de datos, introduciendo en el estado el término ´´LIC EXTRAPEN´´ lo que facilito que a partir del día 4 de marzo de 2013, el sancionado Torres, quedó liberado de la categoría de ´´RECLUSO´´ y así fue anulado la condición de REGULADO que lo impedía viajar al exterior, obteniendo el pasaporte falso, hecho por Echemendia, quien además le facilito una Tarjeta falsa de Identificación de Régimen Comunitario acreditativa de la presunta ciudadanía española, documento que se le plasmo la huella dactilar de persona desconocida. Reinaldo Torres Hernández logró finalmente abandonar el territorio nacional el día 6 de marzo 2013,  por el Aeropuerto Internacional José Martí, en vuelo Panamá, con destino a República Dominicana y finalmente a España; resultando detenido en República Dominicana y extraditado hacia Cuba.

 El Tribunal falló:

Para el teniente coronel Lechuga, como autor de los delitos de falsificación de documentos públicos y salida ilegal del territorio nacional, fue sancionado a ocho años de privación de libertad.

El mayor Caballero Odio, sancionado como autor de los delitos de cohecho, insubordinación, falsificación de documentos públicos y salida ilegal del territorio nacional, a 12 años de privación de libertad.

La mayor Raiza Hernández, como autora de los delitos, insubordinación, falsificación de documentos públicos y salida ilegal del territorio nacional, a seis años de privación de libertad.

Lázaro Pereira, por el delito de cohecho a cuatro años de privación de libertad.

Reinaldo Torres, autor de los delitos de falsificación de documentos públicos y salida ilegal del país, a siete años de privación de libertad.

Llendy Gutiérrez, autora de los delitos de cohecho y falsificación de documentos públicos, a ocho años de privación de libertad.

Yanelys Herrera, autora de los delitos de cohecho, falsificación de documentos públicos y salida ilegal del país, a diez años de privación de libertad.


Osleibi Echemendia, autor de los delitos de cohecho de carácter continuado, falsificación de documentos públicos de carácter continuado y tráfico de personas, a catorce años de privación de libertad.

dania@cubadentro.com

Queda impune militar que atentó contra la vida de un joven

Dania Virgen García

En la tarde del 5 de noviembre le fue entregada la sentencia 552/2014, al recluso contestatario Yasser Rivero Boni, sin firma de los facultativos del MININT, ni acuñada por el tribunal que lo juzgo, una vez más se demostró la impunidad del militar primer teniente Alcides Guillar Rodríguez.

El juicio estuvo integrado por los oficiales del MININT: presidente teniente coronel Geovanis Garlobo Torres, jueces primer teniente Horacio Delgado, Denis Eduardo Milanés Sánchez, y el fiscal Kolien Pérez Leal.

Guillar Rodríguez de 47 años de edad, mide 1.80 metros de altura y tiene un peso corporal de más de 100 kilos. En el acto del juicio se declaró culpable confesando que era cierto que el 15 de marzo a las seis de la tarde se dirigió a la compañía 1415 del destacamento 12 al que no pertenece, y observó que Rivero Boni quien mide 1.80 de altura y tiene un peso corporal de 50 kilos, estaba sentado en una tanqueta plástica, donde se le acercó y le dijo que se incorporara al recuento, al negarse el preso, lo agarro por los brazos para llevarlo a la obediencia, originando un forcejeo que según él, Boni con una de sus manos le golpeo por la espalda, interviniendo el jefe de grupo de los funcionarios del orden interior, segundo suboficial Yoandris Varela Medina, y con la ayuda de los militares lo esposaron y enviaron a una celda de castigo. Una vez concluido el recuento Alcides se dirigió a la celda y le propinó golpes hasta el cansancio por todo el cuerpo con la tonfa de goma, ocasionándole decenas y decenas de contusiones y lesiones en los brazos, espalda, hombro, muslo, rostro, una escoriación en los labios y una lesión grave en el ojo derecho que lo dejó con una maculopatía traumática con atrofia de las capas externas de la retina.

Manifestó el tribunal, que Guillar actuó motivado por el deseo de hacer respetar la actitud de Boni mediante la violencia física; en el caso de Boni su actitud para hacer su voluntad, afectó la administración y la jurisdicción de Guillar.

Rivero Boni, no rinde cortesía a los sanguinarios militares del centro penitenciario, no participa en la falacia de los programas reeducativos, altera el orden pacíficamente a favor de los reclusos que son humillados y apaleados a tonfasos por los sanguinarios, no coopera con la limpieza donde los militares encargado en suministrarle los productos destinados a la limpieza se lo roban, además, en cada destacamento existe un recluso encargado de mantener la limpieza con los escasos productos que les traen los familiares.

El fiscal solicitó tres años de privación de libertad por el delito de lesiones para Alcides  basándose  en la misión internacionalista que tuvo en Angola en la batalla de Cuito Canavale, injusticia grave que cometieron al dictar sentencia a un militar que causó  lesiones graves a Boni dejándolo con secuelas anatómica y funcional para toda su vida, con agravantes de la responsabilidad penal.

A Yasser la sanción conjunta de un año y nueve meses por desobediencia y atentado.

La licenciada Yaquelin Leiva, no estuvo de acuerdo con los delitos imputados a su defendido Rivero Boni, asegurando que su representado no es responsable de los hechos  que fueron probados por el propio militar.


Alcides Guillar Rodríguez, tiene 20 años de servicio en el centro penitenciario, en áreas especiales de mayor rigor, enfrentando a reclusos connotados. Una persona colérica; su carácter lo ha llevado a cometer delitos muy parecidos al mencionado que han quedado impunes antes las leyes militares.

dania@cubadentro.com

Madre reclama justicia

Dania Virgen García

Celia Pérez Chinique, afirmó que en el juicio oral que se realizó contra los acusados Álvaro Ricardo Tapia Díaz, alias (el buze), Yoan Michelle Hernández Artiaga alias (el indio), Raidel Valle Echevarria alias (el mingo), y Juan Manuel Hernández Gutiérrez alias (el picú), por el delito de asesinato de su hijo Yonadrys Tomas Gil Montejo alias chacho de 21 años de edad, el presidente, jueces y fiscal no actuaron con la integridad que constituye la legislación de la constitución.

Pérez Chinique, reside en la Calzada de Güines número 803 interior, apartamento 7 entre Pepe Prieto y Miranda reparto La Rosalía municipio San Miguel del Padrón. Su hijo Yoandrys, moraba en la vivienda de Yeney con quien tenía un compromiso del que procrearon una niña que dejó con un año de edad, residente en Frank País numero 140 interior reparto Llamazar, provincia Pinar del Rio.

En la madrugada del 16 de marzo, Yoandrys se encontraba con el tití un joven de 16 años de edad dentro de la Discoteca que pertenece al hotel de Pinar del Rio, los dos tuvieron una discusión con el picú, este último se retira del lugar. A la hora no precisa Yoandrys  y el tití salieron del local. Lo estaban esperando cuatro individuos.

El indio le sale al paso a Yoandrys y tienen una discusión acalorada, el primero le da una bofetada motivando una riña, tití emprende a correr, el indio apuñala a Yoandrys y en el forcejeo el segundo logra quitarle el cuchillo y lesiona al primero; el buze valiéndose del momento, hirió por la espalda a Yoandrys quien desangrándose caminó unos pasos hasta caer al piso.

Los cuatro agresores lo arremetieron a patadas por todo su cuerpo y rostro, le gritaban ¨habanero te vamos a matar¨, un joven al que le dicen el negro que estaba en la multitud, le gritó, ¨déjenlo que lo van a matar¨, casi sin vida lo abandonaron derribado en sangre.

Los trabajadores del hotel y de la discoteca no avisaron a la policía, ni prestaron auxilio. Dos muchachos que pasaban en un carro lo recogieron y dejaron en el hospital, donde falleció.
La fiscal solicitó prisión preventiva para el buze. El resto fue liberado bajo palabra hasta la fecha del juicio.

El juicio se celebró el día 29 de julio, con Expediente de Fase Preparatoria EFP, 19/ 2014, seguido por la cusa 157/2014, la fiscal Elsa, sustituyó el delito de asesinato por el delito de homicidio. Los familiares de la víctima no fueron notificados. Se enteraron por la viuda. El juicio fue un complot que favoreció a los acusados.

El abogado del indio declaró, que la PNR tuvo un mal proceder contra su defendido que quedó  más grave que el occiso.

La perito mostró que la necropsia determinó, que el occiso fue apuñalado con dos cuchillo diferentes, que le ocasionó heridas en el tórax y en el cuello, la cabeza fue desprendida de la nuca, el bazo y el hígado fueron cuarteados, y el resto del cuerpo presentaba decenas de laceraciones, que lo antes expuesto fue provocado por las patadas que le arrojaron los acusados, ocasionándole una hipotermia que le causó la muerte.

Se demostró que los acusados tenían tres cuchillos, uno apareció detrás de una mata del lugar de los hechos, el otro fue dejado en una taquilla del hospital por uno de los pres meditadores que intentaba concluir la acción, el otro no apareció. Aseguró la madre del inmolado que la fiscal y abogado trataron de confundir a la patóloga.  

Los sancionados no pasan de los 21 años de edad, le fue dictada la sentencia de privación de libertad a tres de ellos, cinco años para el buze, cuatro para el picú y tres para el indio, el mingo fue puesto en libertad inmediata. La sentencia quedó concluida sin derecho apelación. La madre del inmolado, no estuvo de acuerdo con la sentencia.

El indio es familiar de un jefe del Departamento Técnico de Instrucción DTI.

Días después la esposa del inmolado se dirigió al tribunal en busca de la sentencia, le explicaron que no podían entregarle la copia de la sentencia, que podían leérsela.


El 4 de agosto se personó Celia en la Fiscalía General de la República en la Habana, la atendió un fiscal llamado Víctor, luego que la doliente le describiera sus inquietudes, el funcionario le dijo que la fiscal había actuado correctamente, que si no estaba de acuerdo con el resultar de la PNR, instructores y la fiscal podía hacer un escrito quejándose de los mencionados. También estaba en su derecho solicitar la casación.

El 21 de agosto Celia le entregó el escrito de queja al fiscal y el 26 del mismo mes, recibió una llamada que tenía que personarse el día 28 para una buena noticia, la fuente  se personó en la citada fecha, el fiscal le comunicó que habían aceptado la apelación y que tenía que esperar 60 días hábiles para que el Tribunal Supremo le notificara.

Pasaron los 60 días y a Celia nunca la citaron, tuvo que llamar al funcionario y preguntarle si podía ir al tribunal para indagar sobre el proceso. El 24 de octubre Celia Pérez se dirigió al tribunal donde la atendió la secretaria de la sala primera de lo penal, quien le informó que la apelación le fue entregada el día 22 de septiembre con número de expediente 1196/2014, y que no tenían la fecha del juicio fijada.

dania@cubadentro.com

jueves, 30 de octubre de 2014

Apoyo a hijo de Dama de Blanco

Dania Virgen García


Más de una decena de activistas y esta reportera, acudimos al Tribunal Militar Territorial Occidental del Calvario, municipio Arroyo Naranjo, en apoyo al hijo de la dama de blanco Yaquelin Boni Echavarría, el preso contestatario Yasser Rivero Boni.

A las 2 de la tarde, se dio apertura el juicio oral, permitiendo la entrada de cuatro personas, bajo un fuerte operativo de la policía política, agentes del orden público, una guagua de brigada de la respuesta rápida y, la presencia de carros patrulleros.

El juicio fue un montaje preparado por altos oficiales del MININT y la FAR. Los tres testigos a favor de Rivero, no fueron presentados, uno de ellos, en represalias, fue trasladado para la prisión provincial de Guantánamo.

En todo momento el juicio se tornó, a favor del agresor uniformado Alcides Guillert, se le atribuyó a Boni, dos delitos de atentado, se basaron en el informe de conducta del recluso expedido por la prisión, justificando el proceder del agresor, por ser Yasser un ¨contrarrevolucionario¨.

Las Indisciplinas mostrada por el tribunal, fueron las decenas y decenas de protestas pacíficas que realizó Boni, en no estar de acuerdo a la práctica de la violencia que ejecutan a diarios los uniformados en las prisiones cubanas en contra de los indefensos,  las crueles golpizas que les propinan, dejándolos con laceraciones, hematomas y a muchos de ellos impedidos físicamente, como es el caso de Yasser, que fue objeto de una paliza propinada por el sanguinario Guillert que lo dejó con una incapacidad en el ojo derecho, además, las protestas por las condiciones infrahumanas en que son sometidos los reclusos en las celdas de castigos, la hambruna, el hacinamiento, los tratos degradantes, la deficiencia en la salud, donde mueren decenas de presos, la putrefacta alimentación que le suministran a los confinados, la doble moral, la corrupción y la malversación de los militares que en su mayoría quedan impunes ante las leyes militares de este país.

Para los fiscales, jueces y presidente del tribunal, no estar de acuerdo con lo antes mencionado, es un delito que es sancionado por la ley.

Solicitando el fiscal un año y cinco meses por cada delito de atentado para Yasser Rivero Boni, para el agresor, cuatro años por el delito de lecciones, debido a la buena conducta en sus 20 años de trabajo, que continua siendo un teniente y un sanguinario que ha dejado mutilado y lesionados a más de una treintena de presos.


Luego de haber concluido la falacia de este juicio, quedó concluso para sentencia, que será entregada al recluso el día 3 de noviembre.

La licenciada Yaquelin Leiva, no estuvo de acuerdo en lo planteado en contra de su defendido Yasser Rivero Boni, ni en los delitos que se le atribuyó.

En el caso del abogado del militar Guillert, aportó que su defendido había actuado correctamente, por manifestar el recluso, no estar de acuerdo con el sistema revolucionario.

Los activistas que estuvieron presentes: Andrés Pérez Suarez, Raicel Rodríguez Rivero, Regla Ríos Casado, Alina de la Caridad Lanz García Rubén Darío García Artes, Yavicel Boza Garrido, Yaneisi Herrera Cabrales, Yunieski Gainza Acosta, Neliniay Yaneile Cuesta Gonzalez, Adisnivia Dallet Urgelles, Ariobel Castillo Villorba, Juan Bautista Boza Ortiz, Yasmani Cuesta Gonzalez, Vicente Coll Canpanione, Lázaro Yosvani Montesino Hernández, Dayron Moisés Torres Paz, Alfredo Antonio Rojas Mainegra.

El juicio se extendió hasta las cuatro de la tarde.


La puerta de la entrada del tribunal fue cerrada, fuimos vigilados por un hueco, Andrés Pérez recibió una llamada del represor Rubén de la policía política, alegando que había recibido la información que los presentes teníamos palos y piedras para atacar el tribunal, a las patrullas y a la policía política  que se encontraban allí, falsa información.

dania@cubadentro.com

Juicio de tres presos políticos

Dania Virgen García

El pasado 24 de octubre se celebró el juicio de tres presos políticos pertenecientes a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), los activistas se nombran, Yoelkis Rosabal Flores, Ricardo Pelier Frometa y Darían Ernesto Dozo Prebal, quienes se encuentran recluidos en la prisión provincial de Guantánamo desde el 15 de mayo, acusados de asesinato en grado de tentativa. Información dada por Yaicel Furones García, residente en  Edificio 12 apartamento 4, en Prolongación de 5ta.

La fuente aseguró, que el fiscal modificó el delito citado, por desorden público para los tres acusados, solicitando tres años de privación de libertad para Ricardo Pelier y Darían Ernesto y para Yoelkis Rosabal una condena de cinco años.

En el Expediente  de Fase Preparatoria EFP, el instructor plasmó que en horas tempranas de la mañana los acusados amenazaron con prender fuego a la cuadra, por otra parte en el momento de los hechos, un poste de electricidad se cayó,  que también le fue atribuido, y que en horas de la tarde los opositores lanzaron botellas contra la policía política. Al contrario, las botellas fueron lanzadas por los represores.

Participaron nueve testigos contrarios a los activistas, siete afirmaron que los acusados no se habían manifestado, ni lanzados las botellas, dos, un represor y el coordinador de los CDR, sus testimonios no coincidieron con los anteriores, dijeron que las botellas salieron de la casa donde se encontraban los activistas, pero que no que lo vieron lanzarla.

Quedando claro en el tribunal, que los activistas no cometieron tales delitos,  pero se les sancionó injustamente. El juicio quedó concluso para sentencia, el 10 de noviembre será  entregada a los reclusos en la prisión.

dania@cubadentro.com

Arrestos en la convocatoria de 21 de octubre

Dania Virgen García

El pasado 21 de octubre hubo varios arrestos de opositores pacíficos y Damas de Blanco.

Alina de la Caridad Lánz García, Milvia Narcisa Aguilera Lánz, y Rubén Darío García Artés, secretario ejecutivo de esta reportera, fueron arrestados en la puerta del Tribunal municipal sito en Carmen y Juan Delgado municipio Diez de Octubre, y montados en carros patrulleros por represores de la policía política que no se identificaron.

En el caso de Rubén Darío, dentro del carro patrullero, le fue arrebatado a la fuerza por un represor, un pulso que llevaba puesto en la mano derecha que decía cambio, luego los condujeron hasta sus respectivas viviendas.

Por otra parte la dama de blanco Milvia Narcisa, unos minutos después de ser dejada en su casa, tuvo que salir a una diligencia, en el camino se encontró con el represor que se hace llamar Marcos, este le hace saber que estaba molesto por no haberla detenido junto a su madre en el municipio de su residencia de San Miguel del Padrón.

A empujones la detuvo y condujo a una guagua donde se encontraban otras mujeres de las damas de blanco, entre ellas Regla Ríos Casado. Horas más tarde, fueron liberadas.

En el caso de Milvia, fue abandonada en el puente San Pedro municipio Cotorro, bajo un torrencial aguacero. Milvia tenía  8 semanas de gestación, al llegar a su casa, comenzó a sentirse mal. Ese mismo día, perdió su embarazo.


La dolida, culpa a los represores de la policía política, específicamente a Marcos quien le provocó la pérdida.

dania@cubadentro.com

Preso en huelga de hambre

Dania Virgen García

El preso político Alexander Roberto Fernández Risco, alias el ciego, se encuentra en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín, en el destacamento 12, asegura estar pasado de libertad. Informo María del Carmen Cala. 

La jefatura de la prisión, le había notificado que su libertad condicional le tocaba en julio de 2015.

El 5 de agosto, se reunió Alexander Roberto con la jefatura de la delegación del MININT, la teniente Madelin Sánchez jefa de servicios médicos de prisiones en la provincia, el teniente coronel Ariel Suarez, el jefe de control penal, y el capitán Yuri Labrada Sánchez, quienes le prometieron que en el mes de septiembre le aprobarían la libertad condicional.

El día 10 del mes antes mencionado, Alexander fue golpeado por el recluso Carlos Infante Hernández, este, le fracturo la clavícula del hombro derecho. Luego que el preso le propinara la brutal golpiza, le dijo, que el mayor Yoandris Martínez León, alias (el polaco), y el capitán Osneli Santiago, los dos de la policía política de la provincia y el jefe de la prisión Piña, le ordenaron que le propinaran una paliza a cambio de un beneficio. También el día 30, Roberto fue golpeado brutalmente por el recluso Fidel Cabreras Sánchez, ordenado por los antes mencionados.

El jefe de la prisión le hizo saber, que no iba a parar hasta lograr procesarlo por otro delito.  El preso político teme por su vida.


Alexander Roberto Fernández Risco, fue sancionado a dos años de privación de libertad por el  delito de desacato el 17 de abril de 2012, en el Tribunal municipal de  San Miguel del Padrón. Se encontraba en la prisión del Combinado del Este en la Habana, cuando fue trasladado para la prisión de Holguín.

dania@cubadentro.com

 
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