Dania Virgen García
José Miguel Gutiérrez Echavarría reside en Julián Santana número 188 en la
provincia de las Tunas, heredó una vivienda por testamento que le hizo una tía
antes de fallecer en la provincia de Holguín, sita en Calle Carbó número 83
altos entre Agramonte y Garayalde reparto Hechavarria.
Resulta que Miguel en el mes de julio de 2012 recibió una carta de su tía:
¨Tania (Madelaine Rojas Pérez) se quiere quedar con la casa¨. Tania había sido
esposa de un sobrino-nieto que al divorciarse la abandonó dejándola en la
vivienda.
La tía quería permutar para acercarse a su sobrino, (se sentía muy sola y
con miedo) donde en vida le hizo un testamento a José Miguel nombrándolo
heredero universal de todos los bienes y un poder especial para que permutara
he hiciera el cese de convivencia a Tania.
Misteriosamente a las 48 horas después esta notificación la anciana
amaneció muerta.
Situación que fue denunciada ante la policía, Fiscalía y el
MININT, sin que hasta la fecha recibiera una respuesta.
Miguel se adjudicó a la vivienda mediante documento 669 del 23 de abril de
2013, ante la licenciada Nidia Almaguer Carralero. Posteriormente comenzó los
trámites del cese de convivencia contra Rojas Pérez en la Dirección Municipal
de la Vivienda DMV. Dicho remplazo dio a favor del propietario, con resolución
2676/2013¨.
La contraparte impugnó la resolución. La DMV, falló a favor del propietario
con sentencia número 24 del 10 de marzo de 2014.
No conforme, Rojas acudió al tribunal provincial, en donde la declararon
ilegal en sentencia firme 812 del 24 de julio de 2014.
El asunto es que ha pasado más de un año. Madelaine llevo a vivir con ella
a su mamá, su abuela y un hijo de su anterior matrimonio.
José Miguel se ha dirigió al Consejo de la Administración del Poder Popular
de la provincia, allí le informaron que existía una comisión que actuaba ante
estas ilegalidades, que ellos desconocían del asunto, remitiéndolo a la
Comisión de Enfrentamiento al Delito CED.
En aquel lugar lo atendió el subdirector, ¨nosotros no atendemos estos
casos¨, dijo el funcionario, ¨si las personas hubieran ocupado un local
estatal, entonces si interveníamos¨, ¨diríjase a la DMV para que ellos tomen
carta al asunto¨.
De nuevo se dirigió Miguel a la DMV, lo atendió allí una funcionaria de
Atención a la Población, ¨nosotros no podemos sacar a esas personas, esa es tu
vivienda, y ese es asunto tuyo¨.
Al ver la negativa de las instituciones, se presentó en el Consejo de la
Administración Provincial, en el Tribunal Supremo, en la DPV de la provincia,
escribió al periódico Juventud Rebelde, se entrevistó con la directora de
Planificación Física María Teresa Cruz Pérez, y al Consejo de Estado.
Las respuestas: ¨los responsables para darle cumplimiento a la sentencia le
corresponde a la DMV ¨.
dania@cubadentro.com
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