Dania Virgen García
José Miguel Gutiérrez
Echavarría reside en Julián Santana número 188 en la provincia de las Tunas,
heredó una vivienda por testamento que le hizo una tía antes de fallecer en la
provincia de Holguín, sita en Calle Carbó número 83 altos entre Agramonte y
Garayalde reparto Hechavarria.
Resulta que Miguel en el mes
de julio de 2012 recibió una carta de su tía: ¨Tania (Madelaine Rojas Pérez) se
quiere quedar con la casa¨. Tania había sido esposa de un sobrino-nieto que al
divorciarse la abandonó dejándola en la vivienda.
La tía quería permutar para
acercarse a su sobrino, (se sentía muy sola y con miedo) donde en vida le hizo
un testamento a José Miguel nombrándolo heredero universal de todos los bienes
y un poder especial para que permutara he hiciera el cese de convivencia a
Tania.
Misteriosamente a las 48 horas
después esta notificación la anciana amaneció muerta. Situación que fue
denunciada ante la policía, Fiscalía y el MININT, sin que hasta la fecha
recibiera una respuesta.
Miguel se adjudicó a la
vivienda mediante documento 669 del 23 de abril de 2013, ante la licenciada
Nidia Almaguer Carralero. Posteriormente comenzó los trámites del cese de
convivencia contra Rojas Pérez en la Dirección Municipal de la Vivienda DMV.
Dicho remplazo dio a favor del propietario, con resolución 2676/2013¨.
La contraparte impugnó la
resolución. La DMV, falló a favor del propietario con sentencia número 24 del
10 de marzo de 2014.
No conforme, Rojas acudió al
tribunal provincial, en donde la declararon ilegal en sentencia firme 812 del
24 de julio de 2014.
El asunto es que ha pasado
más de un año. Madelaine llevo a vivir con ella a su mamá, su abuela y un hijo
de su anterior matrimonio.
José Miguel se ha dirigió al
Consejo de la Administración del Poder Popular de la provincia, allí le
informaron que existía una comisión que actuaba ante estas ilegalidades, que
ellos desconocían del asunto, remitiéndolo a la Comisión de Enfrentamiento al
Delito CED.
En aquel lugar lo atendió el
subdirector, ¨nosotros no atendemos estos casos¨, dijo el funcionario, ¨si las
personas hubieran ocupado un local estatal, entonces si interveníamos¨,
¨diríjase a la DMV para que ellos tomen carta al asunto¨.
De nuevo se dirigió Miguel a
la DMV, lo atendió allí una funcionaria de Atención a la Población, ¨nosotros
no podemos sacar a esas personas, esa es tu vivienda, y ese es asunto tuyo¨.
Al ver la negativa de las
instituciones, se presentó en el Consejo de la Administración Provincial, en el
Tribunal Supremo, en la DPV de la provincia, escribió al periódico Juventud
Rebelde, se entrevistó con la directora de Planificación Física María Teresa
Cruz Pérez, y al Consejo de Estado.
Las respuestas: ¨los
responsables para darle cumplimiento a la sentencia le corresponde a la DMV ¨.
dania@cubadentro.com
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