jueves, 13 de noviembre de 2014

Corrupción de altos funcionarios del MININT

Dania Virgen García

En la sala de justicia del Tribunal Militar Territorial Occidental en la Habana, el pasado 17 de abril, fueron acusados tres militares, una jueza, una secretaria, y tres civil, involucrados en los delitos de cohecho, falsificación de documentos públicos, salida ilegal del país, insubordinación, cohecho de carácter continuado, y tráfico de persona, en la causa 28/2014.

Los mencionados militares, el teniente coronel Lisandro Fauto Lechuga Infanzo, pertenecía a la Dirección de Establecimientos Penitenciario, la mayor Raiza Hernández Martínez, pertenecía a la Unidad de Atención a Campamento de la Habana, el mayor Juan Carlos Caballero Odio, pertenecía al Establecimiento Penitenciario del Combinado del Este, en la Habana.

La Jueza, Yanelys Herrera Febles del Tribunal Provincial de la Habana.

Liendy Gutiérrez Chapman, secretaria del Tribunal Provincial de la Habana.

Los civiles, Lázaro Pereira López, Reinaldo Torres Hernández,  Osleibi Echemendia Hernández.

Los hechos que se relatan aquí, son extraídos de la sentencia original:

En el mes de septiembre de 2012, Yanelys  Herrera Febles, Jueza Profesional Titular de la Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, es contactada en su trabajo por Osleibi Echemendia Hernández, con el que había mantenido relaciones intermitentes de amistad ¿? que se distanció cuando fue de su conocimiento que había sido sancionado en ese tribunal, a seis años de privación de libertad en la causa número 454/2005, por los delitos de contrabando y falsificación de documentos de identificación, no obstante, al conocer la jueza las facilidades de viajes al exterior de su distinguido, reactivó la relación con encuentros aprovechados por Echemendia, quien necesitaba obtener una certificación de sentencia adulterada y así poder adquirir una vivienda sobre la que se había dispuesto el comiso. Comenzó a viabilizare al esposo de la jueza, la posibilidad de que podía viajar al exterior por contrato de trabajo, creando un nivel de comportamiento en la jueza que le favoreció a  Osleidi, al que le comentó a su amiga que necesitaba una certificación de sentencia adulterada, para unos trámites migratorios de una amistad, que había resultado condenado por dicho tribunal y disfrutaba de beneficio de Licencia Extrapenal, con la finalidad de que esa persona pudiera salir del país.

Le explicó, que la certificación necesitaba ser modificada a la menor cuantía de la pena impuesta, que se considerarse extinguida, a cambio ayudaría a su esposo a salir del país, y recibiría determinados regalos. La jueza decidió ayudarlo sin poner objeción, recibiendo todos los datos de la persona, Reinaldo Torres Hernández. Febles cumplió con su parte. Redactó un certificado de sentencia en el que plasmo los datos identificativos de la persona beneficiada: Reinaldo Torres Hernández sancionado a ocho años de privación de libertad, en la causa número 121/2011, por el delito de cohecho, a un año de privación de libertad la que había comenzado a extinguir el 9 de agosto de 2011 y dejó extinguida el 12 de junio de 2012.

Cuando en realidad dicha causa, constituía como sanción conjunta, la de ocho años de privación de libertad, por los delitos de cohecho de carácter continuado y estafa, la que comenzó a extinguir el 28 de diciembre de 2011 y dejará extinguida el 14 de septiembre de 2018, con la indemnización de los daños causados a la Empresa Cubana de Aviación  S.A con la suma de 17 936.98 cup moneda nacional.

Al documento, se le agregó el pie de firma de la secretaria Gladis Gay Querol Camacho, como si la misma lo hubiese confeccionado y el de la Presidenta de la sala segunda, Silvia María Jerez Marimón. Una vez, terminado, Herrera fue al encuentro de Llendy  Gutierres Chapman, quien laboraba como secretaria auxiliar de la sala segunda de lo penal, a la que le solicitó su cooperación para que le plasmara el cuño en el escrito a cambio de un pago, sin decir la cantidad, lo que fue aceptado por la secretaria, el documento le fue entregado a Echemendía Hernández, quien le envió con la jueza, la suma de 25.00 cuc, moneda convertible, para que le entregara a la secretaria por su contribución, de la que estuvo molesta por la poca cantidad.

Al pasar los primeros días del mes de enero de 2013, Echemendia le solicitó a la jueza, que valorara la posibilidad de modificar el Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN) con los datos plasmados en la falsa certificación.

La jueza, se personó en las oficinas del Buro de Coordinación de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, e indagó con la ex suboficial Yamilé Asencio Pedraza, acerca de las cualidades del nuevo sistema automatizado recientemente instalado y conoció que el sistema limitaba los privilegios e imposibilitaba variar los datos, cuestión que posteriormente comunicó a su amigo, mostrándole la ficha de Torres.

Echemendia y Torres, se personaron, el día primero de febrero, en la entonces Dirección de Identificación y Registros del Ministerio del Interior, donde el personal que los atendió les dijo a Torres  que se encontraba regulado a los efectos migratorios y se le prohibía la salida del territorio nacional, donde no quedaron satisfecho con lo planteado y presentaron la certificación de sentencia falsa, al ser evaluada por los especialistas, la teniente Iraida Espinosa Camejo y el mayor Roberto Lufriu Ferrer, apreciaron que el ciudadano en ese momento se encontraba de Licencia Extrapenal y debía expirar la pena impuesta en el año 2018, le orientaron que debía ventilar la situación con los compañeros del órgano jurisdiccional y de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.

En la primera decena del mes de febrero, Osleibi, en conversación con otro amigo Lázaro Pereira López, averiguó sobre sus relaciones de amistad con el mayor Juan Carlos Caballero Odio, Jefe de Registro Legal del Establecimiento Penitenciario de la Prisión del Combinado del Este, en la Habana, que ejercía la estadística mensual, trimestral, semestral, y anual, de todos los internos sancionados y en prisión provisional, realización de las conversiones; comprobación al contenido de la sentencia, conciliación de los datos de esta con el contenido del expediente; revisaba la confección de los modelos de libertad; comprobaba los términos y tramitación con el Tribunal los resultados de las licencias extrapenales.

El mayor y Pereira se conocieron en la prisión. Echemendía aprovechó el momento y le pidió su ayuda, comenzando a partir de ese instante un acercamiento con el oficial, que fueron varias visitas de ambos a su domicilio. Mientras que Echemendía, aguardaba en los bajos del edificio, en una de estas oportunidades y en ocasión de fiesta, el día trece de febrero 2013, Pereira, le regaló a su amigo una caja de cerveza y mariscos. Mientras los dos compartían Lázaro le propuso, la encomienda de su amigo, de la que él no tuvo objeción y recibió a la vez, los datos de Torres, y la entrega de la suma de 400.00 cuc, moneda convertible, enviados por su amigo Echemendia.

La mayor Raiza  Hernández Martínez, fungía como Primer Oficial de Cuadros de la Unidad de Atención a Campamentos en La Habana, quien conocía a Osleibi, y sabía que el mismo había extinguido sanción por los delitos de Contrabando y Falsificación de Documentos de Identificación.

Los mencionados, comenzaron a tener una relación de pareja extraoficiales. Compartían en diversos sitios de recreación de divisa, además de alojarse en un alquiler del costo de 80.00 cuc, moneda convertible mensuales, en ese marco de relación amorosa, Osleibi le entregó la certificación de sentencia falsa, a la vez le dijo, que tratara de introducirse  en el sistema penitenciario, y retirara la categoría de REGULADO a los efectos migratorios (SUIN), a fin de que Torres Hernández, pudiese abandonar el país, lo que le permitiría a Echemendia disponer definitivamente de la vivienda de la mencionada persona.

Una vez, con el encargo, la mayor se personó en el domicilio particular del Teniente  Coronel Lisandro Fauto, quien desempeñaba como Segundo Jefe del Departamento de Registro Legal de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, quien había sido compañero de estudios de la mayor, a quien le propuso el encargo. 

El militar le dijo que se encontraba rebajado de servicio, días después,  por vía telefónica la mayor concertó con Lechuga, para verse en el trabajo, y le reiteró su interés, explicándole que requería variar la cuantía de la pena obrante en la base de datos, porque un ´´supuesto tío´´ necesitaba viajar al exterior; amparado por la relación personal y profesional que los unía a ambos, el teniente coronel entablo comunicación telefónica con el mayor Caballero Odio, y tras la aceptación de este, le dicto por esta vía los correspondientes datos, en sustitución a los reales, quien los plasmo en la base de datos, introduciendo en el estado el término ´´LIC EXTRAPEN´´ lo que facilito que a partir del día 4 de marzo de 2013, el sancionado Torres, quedó liberado de la categoría de ´´RECLUSO´´ y así fue anulado la condición de REGULADO que lo impedía viajar al exterior, obteniendo el pasaporte falso, hecho por Echemendia, quien además le facilito una Tarjeta falsa de Identificación de Régimen Comunitario acreditativa de la presunta ciudadanía española, documento que se le plasmo la huella dactilar de persona desconocida. Reinaldo Torres Hernández logró finalmente abandonar el territorio nacional el día 6 de marzo 2013,  por el Aeropuerto Internacional José Martí, en vuelo Panamá, con destino a República Dominicana y finalmente a España; resultando detenido en República Dominicana y extraditado hacia Cuba.

 El Tribunal falló:

Para el teniente coronel Lechuga, como autor de los delitos de falsificación de documentos públicos y salida ilegal del territorio nacional, fue sancionado a ocho años de privación de libertad.

El mayor Caballero Odio, sancionado como autor de los delitos de cohecho, insubordinación, falsificación de documentos públicos y salida ilegal del territorio nacional, a 12 años de privación de libertad.

La mayor Raiza Hernández, como autora de los delitos, insubordinación, falsificación de documentos públicos y salida ilegal del territorio nacional, a seis años de privación de libertad.

Lázaro Pereira, por el delito de cohecho a cuatro años de privación de libertad.

Reinaldo Torres, autor de los delitos de falsificación de documentos públicos y salida ilegal del país, a siete años de privación de libertad.

Llendy Gutiérrez, autora de los delitos de cohecho y falsificación de documentos públicos, a ocho años de privación de libertad.

Yanelys Herrera, autora de los delitos de cohecho, falsificación de documentos públicos y salida ilegal del país, a diez años de privación de libertad.


Osleibi Echemendia, autor de los delitos de cohecho de carácter continuado, falsificación de documentos públicos de carácter continuado y tráfico de personas, a catorce años de privación de libertad.

dania@cubadentro.com

 
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