Dania
Virgen García
Desde el triunfo de la dictadura, el burocratismo ha
sido uno de los principales problemas para la sociedad, especialmente para
los más pobres.
Una amiga se me
acerco muy triste y me contó por la situación que está pasando con ciertos
problemas que no puede resolver debido a que no tiene medios económicos para
sobornar a un funcionario que le pueda resolver su situación.
Resulta que mi amiga, de la que no menciono su nombre
por medidas de seguridad, lleva más de
dos años tratando que se le haga justicia a su hijo, quien se encuentra
recluido injustamente.
Luego de apelar a todas las instancias
gubernamentales, donde le dictaron sin lugar, escribió al Ministerio de
Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo, y el
Consejo de Estado.
La demora para responder a la solicitud en cada
instancia mencionadas es de 90 días hábiles, pero resulta que no es así como
explican los funcionarios.
Estos trámites se demoran más de 90 días, y hasta más
de un año, trayendo por supuesto la desesperación de los internos que esperan
años por una respuesta, que la mayoría de las veces es negativa.
Si escribe al Consejo de Estado, este envía la
petición a algunas de las instituciones
mencionadas; una vez que llega, las secretarias los califican, le abren un
expediente, luego solicitan al tribunal el expediente de causa, y aquí viene el
problema, porque el tribunal se demora dos o tres meses….. Lo más triste del
caso es que a veces algunos expediente
se pierden en el camino y nadie responde por ellos, no sé si es intencional, o
es que el archivo los envió a los baños de la institución para limpiarse el
culo.
Así, el preso continúa injustamente en la cárcel, sin
que alguien se dé cuenta de que los
fiscales, instructores, y jueces, fueron sobornados, y llevaron a prisión a un
inocente.
Si el expediente llega a su destino, pasa otra vez por
una secretaria calificada, luego es enviado al Ministerio de Justicia; allí lo
revisa un fiscal, el tiempo de revisión no se sabe cuánto demora, puede ser
hasta un año. De ahí es enviado al Tribunal Supremo, quien dice la última
palabra. Ahí termina de circular por toda la burocracia. La espera de la
respuesta puede durar hasta dos años.
dania@cubadentro.com
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