lunes, 9 de septiembre de 2013

Abuela de niña abusada reclama justicia

Dania Virgen García

Desde hace más de tres años y medio, Ángela Céspedes Carbonell, quien reside en  Felicia I, numero 6, Urbano Noris provincia Holguín, reclama justicia por el abuso lascivo al que fue sometida su nieta de de seis años de edad, Melba Hernández Hijuelo.

Ángela Céspedes, quien es la tutora legal de su nieta, cuenta el caso  en una carta que envío a esta reportera para que el mundo conozca la corrupción que impera en el MININT  y entre los fiscales.

El 28 de febrero de 2011 denunció en la unidad de la policía revolucionaria PNR, de Urbano Noris, que su nieta fue víctima de abuso lascivo por parte de un hombre que vive  al lado de su casa. La denuncia es la número 3265/2011.
La primera prueba que le realizaron a la niña fue en la clínica infantil-juvenil de la provincia, el 6 de abril de 2011. De ahí fue remitida para la psiquiatra por el estado deprimente en que se encontraba.

El 5 de mayo de 2011, fue valorada por Medicina Legal. Las pruebas realizadas dieron positivas.

El vecino fue detenido en el mes de junio de 2011, pero fue liberado bajo fianza de mil pesos hasta el día del juicio. 
Los abuelos de la niña nunca estuvieron de acuerdo con la medida adoptada por la fiscalía municipal y pensaron que el proceso estaba parcializado. 

La jefa de la fiscalía les manifestó  que el pederasta no tenía antecedentes penales y que tenía 62 años de edad, por lo que le impuso la medida cautelar.

El abuelo de la niña, Ricardo Cardoso Hernández, se dirigió a la fiscalía provincial en busca de justicia. Allí alegaron que no podían hacer nada porque el expediente de fase preparatoria EFP 46/2011, no estaba en sus manos.

Tras esta respuesta  Cardoso volvió  a dirigirse a la fiscalía municipal. La jefa de la fiscalía le dijo que tenía que esperar que el proceso siguiera su curso,  y le advirtió que si tocaba al pederasta iba hacer sancionado con 20 años de cárcel.
“Desde entonces tuvimos que mirarle la cara de burla al vecino todos los días”, refiere Ángela Céspedes en la carta. 

En la oficina de atención a la ciudadanía de la provincia,  un  funcionario les dijo que “el proceso del EFP por la policía estaba bien hecho”, y que “la parte de la fiscalía iban a valorarla. Finalmente, la respuesta de la oficina fue que no podían hacer nada, que era competencia de la fiscalía”.

Los abuelos enviaron una carta a la Fiscalía General de la República el 14 de septiembre de 2011.

El 20 de octubre de 2011, a los 7 meses y 20 días de cometido el delito, se celebró el juicio oral, que quedó suspendido después que los presentes escucharan las declaraciones de la niña.

El presidente de la sala señaló que el delito no era abuso lascivo,  sino corrupción de menores, porque la niña había mencionado en sus declaraciones  a otros dos niños, que el marco sancionador era de más años, y que el acusado tenía una petición fiscal de cinco  años de privación de libertad.

El proceso tuvo que ser reiniciado, porque los otros dos menores, una niña y un niño,  tuvieron que ser valorados.
La otra niña tenía 4 años de edad. Como inicialmente no se había hecho el proceso, su testimonio resulto “no confiable”. La madre del varón, que tenía 7 años, inexplicablemente se negó a que le realizaran las pruebas a su hijo.
Según Ángela céspedes,  “detrás de todo esto está la mano de la jefa de la fiscalía”.

En noviembre de 2011, la fiscalía municipal citó a la niña, para tomarle nuevas declaraciones. La niña ya había declarado seis veces lo mismo, por lo que Ángela Céspedes considera que la fiscal la torturó sicológicamente.

En la respuesta a la carta enviada a la Fiscalía General de la República, el 23 de enero de 2012, a los abuelos les comunicaron que “la respuesta del caso la tenía la jefa de la fiscalía”.

La fiscal citó a la abuela para advertirle que debía de entender que el desviado tenía 62 años de edad, y le advirtió  que “si no estaba de acuerdo,  podía dirigirse a donde quisiera que su título  nadie se lo iba a quitar”.

El 29 de febrero de 2012, el anciano pederasta fue  detenido, pero fue liberado nueve días después cuando llegó a Cuba una hija suya que reside en Canadá.

Al abuelo de la niña, fue amenazado en varias ocasiones por teléfono. Le decían que si no retiraba la denuncia, matarían a su nieta. 

Los abuelos entraron en pánico y tuvieron que recibir ayuda sicológica.

Refiere Ángela Céspedes que en ocasiones, el pederasta decía en el barrio que el dinero que él tenía pesaba más que lo que había hecho, y se jactaba de que su hija tenía dinero para comprar a la fiscalía y la policía y que  todo lo tenía resuelto para el juicio.

Con una petición fiscal de 7 años, en la causa 480/2011, se realizó el juicio.

“Y se cumplió lo que dijo el abusador de niños. En el juicio todo cambió, fue decepcionante,  el presidente de la sala y todos los presentes ya estaban comprados”, aseguró Ángela Céspedes.

Refiere que apareció una testigo que se identificó como la directora del CDO del municipio, la máster en sicología Magda Rodríguez, que alegó que la niña mentía fácilmente.

El acusado fue sancionado a 5 años de privación de libertad de trabajo correccional sin internamiento, del trabajo a la casa.

Después de ser sancionado, el pederasta se mudó del barrio, el 31 de mayo de 2012. Hasta el momento no se sabe si en verdad está cumpliendo la sanción.

Hasta el momento,  los abuelos no han sido notificados con la sentencia.

Sin embargo, un individuo que le robó una bicicleta al pederasta, fue sancionado a cinco años de privación de libertad.

Ángela Céspedes envió una carta al Consejo de Estado, en fecha 12 de octubre de 2012.  La jefa de atención a la población, María del Carmen Cedeño Rodríguez, le respondió  que debía dirigirse a la fiscalía municipal en busca de orientación.


dania@cubadentro.com

 
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