Dania
Virgen García
Los funcionarios del Ministerio de Educación, el Poder Popular, y el PCC de la provincia de
Las Tunas, continúan negándose el restituir en su puesto pagarle la suma de 11,700 pesos moneda nacional, por indemnización de daños y prejuicio al licenciado
en matemática Frank Martínez Ochoa.
La respuesta
dada por la directora de educación municipal, Irela Pérez: decía, que “en reunión efectuada para el nuevo curso escolar, 2013-2014, y teniendo
en cuenta las orientaciones impartidas por instancias superiores, y la posibilidad de ubicación, se le orienta
que debe presentar de inmediato por escrito su solicitud de reincorporación al
organismo, dirigida al director provincial de educación, Juan Miguel Pérez
Savon, el cual dará la aprobación definitiva sobre su reincorporación, de
acuerdo a sus necesidades.”
Asegura la fuente que Juan Miguel es el responsable
directo del fraude académico, y que desconoce las medidas que se le aplicaron,
porque lo han subido de cargo.
Por otra parte la presidenta del órgano de justica
laboral, Zaida Ochoa Leiva, en complicidad con la dirección municipal de
Educación, y con el jefe de recursos humanos, Carlos Peña Pino, se niega a
celebrar la vista laboral.
A raíz de la información dada a la prensa
independiente hace unas semanas, la jefa del municipio de justica laboral,
Clarisbel Borrego abandonó el trabajo.
La noche del pasado miércoles 24 de julio, varios
policías en un jeep de la guardia operativa
se personaron en la vivienda de
Martínez, exigiéndole que debía
acompañarlos a la PNR, para conversar con él.
Los números de las chapas de los policías que se
personaron, son 19981 y 20044. Junto con ellos acudió el oficial Idelgrado, de la SE.
Estando en la unidad, el 1er Tte. de instrucción penal
Leyadier, lo interrogó y le advirtió que
no podía salir del municipio, ni de la provincia por ser un
contrarrevolucionario. Fue liberado a las dos de la mañana.
Su vivienda fue sitiada al día siguiente de la detención.
dania@cubadentro.com
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