Dania
Virgen García
Luis Alberto Montero Orozco, de 23 años de edad, quien
vive en Amancio, provincia de Las Tunas, fue acusado por peligrosidad social en
la causa 14/2012. Su hermana Liusmila Montero Orozco reclama por la injusticia
cometida contra él.
El jefe de sector de la policía, Norge León Álvarez se
presentó hace unos días en la casa de su
familia para anunciarle al padre del
joven, Alberto Montero Arcolea, que tenía que darle un seguimiento de seis
meses al caso de su hijo.
Montero, quien confiaba en las autoridades, firmó sin
leer el documento que le dio el agente del orden público.
El hermano de Liusmila comenzó a trabajar en Servicios
Comunales del municipio. Buscando
mejoría, en agosto del presente año se trasladó para La Habana en busca
de un empleo, pero fue deportado para su provincia. Retornó a la capital por segunda vez y de nuevo fue deportado para
Las Tunas, esta vez con una multa.
El sábado 1ro de octubre regresó a su casa natal Luis
Alberto. El 4 de octubre el jefe de
sector reapareció en la vivienda para pedirles a sus padres que no permitieran que el joven realizara los trámites legales del traslado
del carnet de identidad de transito para La Habana. La madre, Iraida Dones Orozco le firmó otro
documento sin leerlo y minutos después el jefe de orden público se dirigió a
Montero Orozco para informarle que tenía que presentarse en la unidad de la
policía donde tenía que conversar con el mayor Rodríguez. En la
unidad lo prendieron y fue acusado por el delito de peligrosidad social
Su hermana, Liusmila Montero, protesta por el abuso de
poder y la intimidación de la policía contra su hermano.
El día que se realizó el juicio, amañado por los
jueces y la fiscal, estos presentaron el expediente y en medio del juicio se
retiraron, no para dar el fallo, sino para esperar al jefe de la policía,
Damián, quien llegó a los 20 minutos. Se reunieron en una oficina y más tarde
el juez entró a la sala para dictar sentencia.
El juez alegó que el
nivel de vida de Orozco Montero no se corresponde con sus ingresos
económicos.
Afirma Liusmila que el nivel de vida de su hermano es
el de una persona pobre. La
sentencia dictada fue de dos años y seis
meses en un centro penitenciario CETEM.
Entre las violaciones cometidas estuvieron los
documentos presentados por las
organizaciones gubernamentales. El CDR
se negó a realizar dicho escrito. Amenazados por el jefe de sector,
otros funcionarios se negaron a realizar ningún escrito que pudiera defender al
joven, siendo negado a la abogada, quien se dirigió personalmente a estas
personas.
La madre, Iraida Dones, decidió apelar por segunda
vez. El pasado 22 de octubre el acusado fue trasladado al tribunal, esposado y
caminando desde la unidad. Pero el tribunal suspendió el juicio.
La familia ha reclamado a todas las instancia del
gobierno de la provincia sin tener respuesta alguna. Afirman que las autoridades policiales de la
provincia abusan del poder de sus cargos, e inventan delitos para encarcelar a
jóvenes.
Refieren que hace aproximadamente un año, siete
instructores del DTI fueron sancionados por falsificación de documentos. Los
nombres de seis de ellos son: Álvaro González Machado, Anaro Guerra, Amaury
Cubas, Norge Cubas y José Iser.
dania@cubadentro.com
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