jueves, 1 de noviembre de 2012

Familia reclama por injusticia


Dania Virgen García

Luis Alberto Montero Orozco, de 23 años de edad, quien vive en Amancio, provincia de Las Tunas, fue acusado por peligrosidad social en la causa 14/2012. Su hermana Liusmila Montero Orozco reclama por la injusticia cometida contra él.

El jefe de sector de la policía, Norge León Álvarez se presentó hace unos días  en la casa de su familia para  anunciarle al padre del joven, Alberto Montero Arcolea, que tenía que darle un seguimiento de seis meses al caso de su hijo. 

Montero, quien confiaba en las autoridades, firmó sin leer el documento que le dio el agente del orden público.

El hermano de Liusmila comenzó a trabajar en Servicios Comunales del municipio. Buscando  mejoría, en agosto del presente año se trasladó para La Habana en busca de un empleo, pero fue deportado para su provincia. Retornó a la capital  por segunda vez y de nuevo fue deportado para Las Tunas, esta vez con una multa.

El sábado 1ro de octubre regresó a su casa natal Luis Alberto.  El 4 de octubre el jefe de sector reapareció en la vivienda para pedirles a sus padres  que no permitieran que el joven  realizara los trámites legales del traslado del carnet de identidad de transito para La Habana. La  madre, Iraida Dones Orozco le firmó otro documento sin leerlo y minutos después el jefe de orden público se dirigió a Montero Orozco para informarle que tenía que presentarse en la unidad de la policía donde  tenía que  conversar con el mayor Rodríguez. En la unidad lo prendieron y fue acusado por el delito de peligrosidad social

Su hermana, Liusmila Montero, protesta por el abuso de poder y la intimidación de la policía contra su hermano.

El día que se realizó el juicio, amañado por los jueces y la fiscal, estos presentaron el expediente y en medio del juicio se retiraron, no para dar el fallo, sino para esperar al jefe de la policía, Damián, quien llegó a los 20 minutos. Se reunieron en una oficina y más tarde el juez entró a la sala para dictar sentencia.

El juez alegó que el  nivel de vida de Orozco Montero no se corresponde con sus ingresos económicos.

Afirma Liusmila que el nivel de vida de su hermano es el de una persona pobre.   La sentencia  dictada fue de dos años y seis meses en un centro penitenciario CETEM.

Entre las violaciones cometidas estuvieron los documentos  presentados por las organizaciones gubernamentales. El CDR  se negó a realizar dicho escrito. Amenazados por el jefe de sector, otros funcionarios se negaron a realizar ningún escrito que pudiera defender al joven, siendo negado a la abogada, quien se dirigió personalmente a estas personas.

La madre, Iraida Dones, decidió apelar por segunda vez. El pasado 22 de octubre el acusado fue trasladado al tribunal, esposado y caminando desde la unidad. Pero el tribunal  suspendió el juicio.

La familia ha reclamado a todas las instancia del gobierno de la provincia sin tener respuesta alguna.  Afirman que las autoridades policiales de la provincia abusan del poder de sus cargos, e inventan delitos para encarcelar a jóvenes.

Refieren que hace aproximadamente un año, siete instructores del DTI fueron sancionados por falsificación de documentos. Los nombres de seis de ellos son: Álvaro González Machado, Anaro Guerra, Amaury Cubas, Norge Cubas y José Iser.   

dania@cubadentro.com

 
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