jueves, 13 de septiembre de 2012

Denegación de auxilio


Dania Virgen García

El  miércoles cinco de septiembre se personó en mi vivienda el joven Rodolfo Pérez Silva, residente en calle Comezaña, edificio 101-103, apartamento 30, entre 23, y 24, Lawton, municipio de 10 de Octubre, con su hijo de dos años, y su esposa  en estado de gestación de cinco meses, Damaris Powell Terán, para informar que policías de la unidad de Aguilera, situada en la barriada del Lawton, le negaron la prestación del servicio de auxilio público. 

Refiere la fuente que su hijo y su esposa fueron amenazados por una ciudadana que está de libertad condicional, quien los amenazó con una tijera para quitarles el niño.

En la unidad  policial antes mencionada, el Tte. coronel Cándido, el coronel Boloi, y el político se negaron a que realizaran la denuncia. Se quejaron  en el PCC y el Poder Popular, sin obtener respuesta. 

Los funcionarios responsables violaron las leyes del código penal: el artículo 161-1, inciso b, de denegación de auxilio.

Después de tanto tropiezo, la pareja se dirigió a la unidad de instrucción de Acosta, también en el municipio 10 de Octubre, donde hicieron la denuncia numero 49184/2012, con fecha tres del presente mes. Pero aseguran que la instructora no escribió lo sucedido, sino que redactó “lo que  consideró adecuado”.

Esta pareja ha presentado quejas sobre la situación de su hijo y de la madre, Elsa de la Caridad Pérez Escobar, quien lleva desaparecida más de dos meses, no tomando interés en el asunto la policía. Las quejas han sido enviadas a diferentes instancias del gobierno.

En la oficina del MININT de atención a la ciudadanía,  la Tte. coronel Irma lo asumió como enajenado. 

Afirma la fuente que la enfermera Adriana Limonta Lercusay, del consultorio médico 19, de la calle Comezaña, edificio 107, falsificó un resumen de historia clínica reflejando que Rodolfo Pérez tiene problemas mentales, el cual entregó a la policía. Cuando Pérez reclamó  en el policlínico y en la dirección de Salud, no tuvo  respuesta alguna, por lo que se violó el artículo 63 de la Constitución de la República.

Rodolfo Pérez Silva, es trabajador de la Oficina de Estadística e Información del municipio Cotorro. Su esposa, Damaris Powell, es técnico básico de la salud, y trabaja en el hospital Hija de Galicia, en el municipio  10 de octubre.

Afirma la fuente que la unidad de Aguilera ha tratado de inculparlo en distintos delitos falsos que no han sido probados, y que fue torturado  en uno de los calabozos de esa unidad. Asegura que la policía está actuando con abuso de poder en contra de su persona, que han falsificado el fichaje de la computadora y es acosado constantemente.

“Me dirijo a los defensores de los derechos humanos para que el mundo sepa que en Cuba la policía es fascista”, dijo Pérez Silva.

dania@cubadentro.com

 
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